La Administración del presidente Joe Biden señaló al Gobierno cubano en su informe anual sobre los derechos humanos como uno de los países donde supuestamente se realizan «torturas y ejecuciones extrajudiciales».
El documento, publicado por el Departamento de Estado hace solo unas horas, y relativo a lo ocurrido durante el 2020, sirve de guía para el Congreso estadounidense a la hora de determinar la ayuda exterior que se concede a cada país.
En la introducción del texto, el secretario de Estado, Antony Blinken, afirmó que las “restricciones” del Gobierno en Cuba siguen vulnerando la libertad de expresión, asociación, religión, creencias y movimiento.
En la sección dedicada a la isla, Washington aseguró que “los funcionarios del Gobierno, por orden de sus superiores, cometieron la mayor parte de los abusos a derechos humanos”, entre los que citó ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas contra disidentes políticos.
EEUU, que calificó a Cuba de “Estado autoritario”, dijo que “la libertad de prensa prácticamente no existe” en este país y que se “niega” a los cubanos el derechos a formar partidos políticos.
En la óptica de Washington, La Habana sigue violando los derechos humanos, laborales y religiosos de sus ciudadanos, lo cual es significativo en el contexto actual, cuando muchas personas dentro y fuera de la Isla esperan un cambio sustancial en la política hacia Cuba y las relaciones bilaterales, tras la llegada del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca.
Pero hasta hoy la nueva Administración estadounidense ha mantenido básicamente la política de Donald Trump con la Isla, aunque anunció que la está revisando y explicó que esa revisión se asentará en una perspectiva de respeto por los derechos humanos.
Básicamente, el informe establece como en años anteriores, tanto en administraciones republicanas como demócratas, que Cuba “es un estado autoritario con el expresidente Raúl Castro como primer secretario del Partido Comunista de Cuba; la máxima entidad política del estado por ley, es Miguel Díaz-Canel como presidente de la República y una nueva constitución ratificada en febrero de 2019 establece que Cuba sigue siendo un sistema de partido único en el que el Partido Comunista es el único partido político legal”.
Por otro lado, afirma que el Ministerio del Interior controla la policía, las fuerzas de seguridad interna y el sistema penitenciario, y que la Policía Nacional Revolucionaria del ministerio es la principal organización encargada de hacer cumplir la ley, mientras que “las unidades especializadas de la rama de seguridad del Estado del ministerio son responsables de monitorear, infiltrar y reprimir la actividad política independiente. El liderazgo nacional, incluidos los miembros del ejército, mantuvo un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad, y asegura que los miembros de las fuerzas de seguridad cometieron numerosos abusos”.
