La Administración del presidente Joe Biden anunció que comenzará a revisar la decisión del expresidente Donald Trump de incluir a Cuba dentro de la lista de países promotores del terrorismo, la cual fue tomada a solo días de abandonar este la Casa Blanca.
Según reveló hoy el nuevo Secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, en una entrevista ofrecida a la cadena MSNBC, se trata de un acción tomada por la administración saliente como una «movida política».
«Hubo una serie de acciones que tomó la administración saliente, incluida esa, que fueron pasos que podría haber tomado presumiblemente durante los cuatro años de mandato», comentó Blinken acerca de la inclusión de Cuba en la lista negra, de la que Barack Obama la sacó en 2015, durante su política de deshielo entre Washington y La Habana.
«Las estamos revisando todas…», agregó el Secretario de Estado en su breve referencia al tema, al ser cuestionado sobre la posible revocación de esta medida tras la toma de poder de la nueva administración estadounidense.
Sin ofrecer más detalles sobre el tema, y con una respuesta bastante escueta, Blinken explicó que igualmente se revisaría la inclusión de Corea del Norte, Irán y Siria como países patrocinadores del terrorismo, lo que sería un proceso de trámites burocráticos que podría extenderse durante varios meses.
La actual Administración ha dejado claro que restablecer las relaciones diplomáticas con el Gobierno cubano no se encuentran dentro de la lista inmediata de prioridades de la política exterior estadounidense, como se ha comprobado el mismas movidas diplomáticas realizadas por ellos hasta el momento.
Desde que asumió el cargo, el Secretario de Estado ha realizado 26 llamadas telefónicas a cancilleres y líderes políticos mundiales, y solo México y Colombia figuran entre los latinoamericanos.
En sus primeras dos semanas como presidente de Estados Unidos, Joe Biden no ha dado señales de qué rumbo pretende darle a las relaciones bilaterales con Cuba.
Se espera que este 4 de febrero, Biden decida si prolongar o cancelar por los próximos seis meses los títulos III y IV de la Ley Helms-Burton, que permiten a compañías y ciudadanos estadounidenses reclamar la confiscación de propiedades en Cuba tras la llegada de Fidel Castro al poder.
