Una nota de Radio Televisión Martí anunció que la mayoría de los migrantes cubanos que se manifestaban en Nickerie, en la frontera de Surinam y Guyana, se mantienen apresados en una base militar luego del violento desalojo al que fueron sometidos por las autoridades policiales de Surinam el pasado 30 de noviembre.
«Nos sacaron a patadas, a punta de armas. Fue un comando completo contra un pueblo desarmado tirado en el piso», fue el comentario de Alioski Benítez, uno de los cubanos recluidos, tras lo que alega la intención general del grupo de solicitar ayuda a la Unión Europea y a organizaciones internacionales que persigan la defensa de los Derechos Humanos.
La instalación militar alberga en estos momentos un total de 240 personas, pues otros 17 fueron trasladados hacia otra locación de la que el grupo no está al tanto, a lo que añade Benítez que están temerosos al no conocer las medidas que se tomarán al respecto de la situación del grupo que está en la base y la de los que no.
La misma fuente aseguró que las fuerzas armadas tuvieron un proceder «abusivo», describiendo que el desahucio contó con «varios heridos, muchos recibieron golpes en la cara».
«Nos dieron a firmar un documento que comprometía a abandonar la caravana y como nos negamos, los militares se abalanzaron sobre nosotros», mencionó Yissel Hidalgo, una joven perteneciente al mismo grupo.
La Policía de Surinam comunicó a los migrantes la negación de su entrada a Guyana y su consecuente expulsión, teniendo en cuenta que la intención de los mismos consiste aún en formar una caravana hacia Estados Unidos, la cual comenzaría en Guyana para luego atravesar Brasil, Perú, Ecuador, Colombia y la región centroamericana.
Todavía no se han dado noticias de que autoridad surinamesa alguna se haya puesto en contacto con los cubanos para comunicarles cuánto tiempo estarían inmovilizados en la base o si siquiera estaría sobre la mesa la deportación.