En la noche del pasado miércoles el presidente Donald Trump anunció la creación de una oficina especial, adjunta al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que se dedicará a investigar y demandar en la corte a los inmigrantes que hayan cometido delitos graves como crímenes de guerra, estafa en gran escala, terrorismo o violación de los Derechos Humanos para revocarles a estos su ciudadanía.
La medida puede afectar directamente a los inmigrantes cubanos, muchos de ellos procesados por estafas que han causado millones de dólares al Medicare. Ahora también podrían sumarse nuevos casos, si el Departamento de Desnaturalización logra que el Gobierno estadounidense demuestre que la ciudadanía fue procurada de forma ilegal o cometiendo un fraude.
En el caso de países como Cuba, se conoce sobre múltiples denuncias de ciudadanos que se han naturalizado en Estados Unidos y que tienen un historial como «represores» por perseguir en la isla a personas «por sus ideas políticas, o por estar en contra del Gobierno», según reveló anoche un reportaje de la cadena Univisión.
Si puede demostrarse su participación directa en estos casos pues las autoridades podrían retirar su ciudadanía y deportarlos de vuelta a la isla.
Aunque estuvimos tratando de confirmar esta información con el Departamento de Justicia y la Oficina de Litigios de Inmigración, no pudimos obtener detalles más allá de los publicados por el citado medio.
«Las nuevas reglas aplicadas por la Sección de Desnaturalización demuestran el compromiso del Departamento de Justicia por aplicar la ley a terroristas, criminales de guerra, agresores sexuales y estafadores, que obtuvieron la ciudadanía de forma ilegal», refiere la nota llegada a nuestra redacción.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, la Oficina de Litigios de Inmigración ya ha tenido un gran éxito en sus casos de desnaturalización, ganando el 95% de estos.
