Se acumulan los casos de inmigración en los Tribunales del sur de la Florida

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Foto: Nuevo Herald
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El tiempo promedio en que un caso pasa por los tribunales federales de inmigración del sur de la Florida, que tienen un atraso más allá de toda esperanza, es de 551 días, lo que significa casi dos años. Aunque estos tribunales dejaran mañana de aceptar nuevos casos, demorarían alrededor de cuatro años llevar a cero la cantidad de casos atrasados.

“La cantidad de casos atrasados en estos tribunales es terrible y la situación empeora por día”, dijo la abogada de inmigración miamense Tammy Fox-Isicoff. “No es un problema nuevo. Es algo que ha aumentado durante años y todos los que estamos en el sistema lo sabemos”.

La cantidad de casos de inmigración atrasados en el sur de la Florida es apenas un reflejo de un problema nacional a una escala mucho mayor. Un informe reciente de parte de la Oficina de Fiscalización del Gobierno (GAO), entidad no partidista de auditoría dependiente del Congreso, reveló que la escasez crónica de jueces de inmigración aumentó al doble la cantidad de casos atrasados en todo el país entre el 2009 y el 2015.

Cerca de 600,000 casos de inmigración están en espera de fallo, según el informe, y algunos tribunales están tan abrumados que ya están fijando audiencias para el 2020. En algunos de esos tribunales, el tiempo promedio de procesamiento de un caso es de casi tres años.

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Jueces y abogados de inmigración, así como la GAO, afirman que muchos problemas han contribuido a esa acumulación de casos. Pero todos concuerdan en que el mayor problema es la escasez de jueces.

Hay solamente unos 300 jueces, lo cual significa que la carga promedio de casos de cada uno es de alrededor de 2,000, una cifra que prácticamente todo el mundo concuerda que es inmanejable. Para empeorar las cosas, alrededor del 40 por ciento de esos jueces ya cumplen los requisitos para retirarse y pudieran hacerlo en cualquier momento.

Se trata de un obstáculo de enormes proporciones para los planes del gobierno del presidente Donald Trump de hacer cumplir más estrictamente las leyes de inmigración, después de identificar una gran escasez de agentes en la Patrulla Fronteriza. Contratar entre 200 y 250 nuevos jueces —cantidad en que la mayoría concuerda es lo que necesitan los tribunales para manejar los casos atrasados— y el personal de apoyo correspondiente, y luego encontrar el espacio para acomodarlos a todos, requeriría de una inversión considerable que ningún presidente reciente ha estado dispuesto a aprobar.

Pero incluso si les dieran el dinero que necesitan, probablemente podrían pasar años antes de contratar nuevos nueves. Según la GAO, contratar un nuevo juez de inmigración demora un promedio de más de dos años.

La escasez de jueces amplifica otros problemas en el sistema de inmigración. A diferencia de los jueces en los tribunales de distrito federales que presiden casos penales y civiles, los jueces de inmigración no son parte de un sistema jurídico independiente.

Trabajan para el Departamento de Justicia, que supervisa sus casos. Eso significa que los jueces y sus respectivos tribunales tienen que plegarse a los vientos cambiantes de la política en Washington, lo que puede afectar significativamente la cantidad de casos.

Cuando olas de indocumentados menores de edad empezaron a llegar a la frontera de Estados Unidos en el 2013 y el 2014, el gobierno del presidente Barack Obama ordenó a los tribunales de inmigración que procesara esos casos primero, siguiendo la hipótesis de que si los deportaban con rapidez eso detendría el flujo de recién llegados, según expertos.

Pero eso trajo como consecuencia que muchos casos que ya estaban listos para ir a juicio fueron colocados al final de la lista, mientras que los casos de los niños quedaron en los primeros lugares, a pesar de que eran más complicados y la mayoría ni siquiera cumplía los requisitos preliminares básicos, como conseguirles abogados.

Algo parecido sucedió en febrero, cuando el gobierno de Trump ordenó a muchos jueces de inmigración que abandonaran sus tribunales y se dirigieran a los poblados fronterizos, con la esperanza de que la medida acelerara el ritmo de las deportaciones. Una vez más, casos que habían estado en proceso de preparación durante años y estaban listos para ir a juicio quedaron retrasados.

“Nuestras críticas a esta situación son de las dos partes del espectro político”, dijo Dana Leigh Marks, jueza de San Francisco que preside el sindicato de los jueces. “Nosotros criticamos al gobierno de Obama por politizar la ola de inmigrantes, y dijimos: ‘Están pasando a los primeros lugares de la lista casos que no están listos para una audiencia y no vamos a poder hacer lo suficiente. Y se probó que teníamos la razón…

“Dijimos lo mismo cuando el gobierno de Trump tomó la decisión de mover a los jueces de un lado para otro. Esto no va a acelerar las cosas, las va a atrasar. Sencillamente no hay jueces suficientes y quitar a los jueces el manejo de los casos solamente empeora las cosas”.

El gobierno de Trump ya ha anunciado planes de contratar a 125 jueces de inmigración durante los próximos dos años, pero muchos observadores consideran que las nuevas contrataciones se verán afectadas por una ola de jubilaciones. “Los jueces se sienten abrumados por la carga de trabajo”, dijo Arthur, el antiguo juez.

“Un juez de inmigración puede pasar en el tribunal ocho horas al día, cinco días a la semana, y a lo mejor tiene solamente media hora a la semana —y a veces cada dos semanas— para prepararse para los casos próximos. Y los casos mismos pueden ser desgarradores, con todo tipo de historias de abuso de personas en sus países natales. O tal vez se les pida que envíen a las personas al lugar de donde vinieron cuando eran niños, donde nunca han vivido. Los jueces son seres humanos”.

(Con información del Nuevo Herald)

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