Reforma de salud de Trump perjudica más a las mujeres

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La ‘Trumpcare’, la reforma sanitaria del presidente Donald Trump aprobada por la Cámara de Representantes, es intensamente criticada por expertos, médicos, activistas y algunos aseguradores, que la acusan de perjudicar a las mujeres, aunque es probable que el proyecto sea suavizado en el Senado.

El Congreso Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) denuncia ‘un ataque contra la salud de las mujeres’, que conspira contra ‘el acceso a la atención de los pacientes de bajos ingresos’.

Critica, además, que se le haya dado a los estados la opción de no cubrir cuidados esenciales, como los maternales, y tenga nuevos ‘obstáculos al aborto’.

La Ley de Atención Médica Estadounidense (AHCA), llamada ‘Trumpcare’, ‘perjudicará de modo desproporcionado’ a las mujeres, afirma Allison Hoffman, experta en derecho y política de la Universidad de California en Los Angeles.

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Ange-Marie Hancock, profesora de ciencias políticas en la Universidad del Sur de California, llegó a calificarla de ‘anticonstitucional’.

Hoffman recuerda que la salud de las mujeres ha sido históricamente ‘descuidada’ en las políticas públicas en Estados Unidos: las pacientes pagaban más por sus seguros médicos sobre todo a causa de la eventualidad de quedar embarazadas.

La ‘Obamacare’, la ley de salud establecida por el demócrata Barack Obama, remedió ese problema al prohibir cobrarle más a las mujeres, pero el nuevo proyecto de ley republicano daría marcha atrás en ese terreno.

Insluso algunos aseguradores son críticos con el nuevo proyecto: Pat Salas, presidenta del organismo de asesoría sobre seguros de salud SBHIS, estima que ‘las mujeres y los niños que no tenían cobertura de salud antes (de la reforma de Obama) serán los primeros afectados’.

La ‘Obamacare no era sostenible, tenía fallas por todos lados, pero había que reformarla, no suprimirla’, insiste Salas.

Una muy criticada enmienda republicana a la AHCA le otorga a los estados la posibilidad de pedir una exención para no tener que respetar algunas disposiciones de la Obamacare, especialmente la prohibición de que las personas con enfermedades preexistentes paguen más.

Para los republicanos, esa posibilidad pondría fin a una costosa medida de la ley de Obama y permitiría reducir las primas al darles más flexibilidad a las autoridades locales y a los organismos de cobertura.

Pero algunos activistas demócratas, expertos progresistas y medios denuncian en voz alta que en algunos casos la ‘Trumpcare’ podría permitir calificar las violaciones o la violencia conyugal como ‘antecedentes médicos’, lo que ha aumentado los temores y aprensiones en los últimos días.

Una descripción exagerada, según Hoffman: la violación y la violencia doméstica no se podrán considerar ni siquiera indirectamente como antecedentes de enfermedades salvo ‘que tengan como consecuencia un problema de salud’. Las leyes anti-discriminación en muchos estados hacen que ese escenario sea muy improbable.

Por el contrario, antes de la reforma de Obama ‘los embarazos eran considerados en algunos casos’ como condiciones preexistentes, en particular las cesáreas, y podrían volver a serlo, subraya.

Otro punto de fricción: la organización de planificación familiar Planned Parenthood es directamente atacada en el proyecto legal, que contempla suprimir por un año los fondos federales que recibe, es decir hasta 550 millones de dólares, 42% de su presupuesto.

Trump, quien ha hecho de la derogación de la ‘Obamacare’ una prioridad de su gobierno, también había prometido durante su campaña ‘desfinanciar’ a esta ONG, sobre todo para seducir a los evangelistas cristianos opuestos al derecho a abortar.

Planned Parenthood, que dice atender a 2,5 millones de pacientes, esencialmente mujeres de bajos ingresos y de grupos étnicos minoritarios, es la primera organización de atención ginecológica del país, pero también de abortos, lo que la convierte en la bestia negra de los llamados ‘provida’, tales como la organización Susan B.

Esta última califica de ‘victoria’ la nueva ley republicana: ‘el texto legal desvía fondos públicos de Planned Parenthood, la mayor empresa de abortos del país, hacia centros de atención básica o de prevención para las mujeres y jóvenes’.

A pesar del impacto de los anuncios, la batalla del gobierno de Trump contra Planned Parenthood sólo ha tenido hasta ahora un éxito moderado.

Hace un mes el presidente estadounidense derogó una directiva de la era Obama destinada a blindar los fondos públicos dedicados a la planificación familiar, pero ‘en términos prácticos en el terreno, el impacto fue escaso’, asegura Hoffman.

El reciente acuerdo sobre el presupuesto tampoco menciona la supresión de fondos federales dedicados a Planned Parenthood.

El texto de la AHCA es más ofensivo pero, según los expertos, tiene pocas posibilidades de ser aprobado en su versión actual. El Senado podría modificarlo drásticamente y las dos cámaras deberán en ese caso negociar un acuerdo, ‘que podría revelarse imposible’, anticipa Hoffman.

Hancock espera que los defensores de la salud de las mujeres incrementen su presión sobre el Senado. En el curso de las negociaciones prevé que ‘se resolverá el problema de los antecedentes médicos’, pero que Planned Parenthood podría ser una de las víctimas a sacrificar.

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