EE.UU. activa la aplicación del título III de la Ley Helms-Burton y la UE responde

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La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha puesto en efecto los títulos más radicales de la Ley Helms-Burton.

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A pesar de los reclamos de “sectores norteamericanos y de socios tradicionales de Washington como la Unión Europea (UE) y Canadá, el secretario norteamericano de Estado, Mike Pompeo, anunció el 17 de abril que a partir del 2 de mayo se pondría fin a las continuas suspensiones de ese acápite legislativo.

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Es válido recordar que el mecanismo es el incentivo y la vía legal para que miles de descendientes de familias con nacionalidad estadounidense promuevan acciones en las cortes de ese país en busca de compensaciones.

Según se ha dado a conocer el primer caso será presentado por el cubanoamericano Javier García Bengochea, de profesión neurocirujano, y residente en Florida, quien demandará a la empresa de cruceros Carnival, por utilizar la terminal portuaria llamada Guillermón Moncada en Santiago de Cuba.

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Bengochea es legítimo propietario de la compañía La Marítima Parreño, dueña de esa terminal portuaria hasta 1960, según el portal de noticias Cibercuba.

Rafael Lucas Sánchez Hilll por su parte, demandará a las firmas españolas Meliá y Blau Hotels & Resorts por negociar con hoteles, sobre un terreno de 40 mil hectáreas en Holguín, perteneciente a su familia.

Por su parte la Unión Europea va a reaccionar ante la aplicación plena este jueves de la ley , declaró la jefa de la diplomacia de la UE en un comunicado.

“La UE considera que la aplicación extraterritorial de medidas restrictivas unilaterales contraviene el Derecho internacional y recurrirá a todas las medidas adecuadas para abordar las consecuencias de la aplicación de la Ley Helms-Burton, incluidos sus derechos en la OMC y el uso del estatuto de bloqueo de la UE”, indicó Federica Mogherini.

La Unión Europea podría llevar a EE.UU. a la Organización Mundial de Comercio o aplicar sanciones de represalia para proteger a sus empresas en Cuba tras la decisión de Washington de reactivar la  ley que permitirá demandas contra compañías con negocios en la isla.

Esa disposición había sido sistemáticamente suspendida desde su adopción por todos los presidentes estadounidenses para no causar fricciones con sus aliados.

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