República Dominicana tomó el relevo de Guatemala en la “lista negra” de 2016 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que siguen Cuba y Venezuela, de acuerdo con el informe anual que publicó hoy ese organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Sobre Venezuela, incluida en la “lista negra” desde 2002, la CIDH denuncia que “persisten situaciones estructurales que afectan los derechos humanos” y se ha registrado “un agravamiento” de la situación de la seguridad ciudadana con relación al derecho a la vida e integridad personal y “un deterioro del Estado de Derecho y las instituciones democráticas”.
La crisis en Venezuela se ha agudizado desde principios de mes con continuas protestas contra el régimen militar de Maduro que han dejado 29 muertos, cerca de 500 heridos y más de 1.000 detenidos.
El Gobierno de Venezuela anunció este lunes su retirada “definitiva” de la OEA, un proceso que puede durar hasta dos años y cuyo inicio formalizará mañana con la entrega de una carta a la Secretaría General en Washington.
También repite en la “lista negra” Cuba, por “las persistentes restricciones a los derechos políticos, de asociación, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, la falta de independencia del poder judicial y las restricciones a la libertad de movimiento”, que el informe recalca “continúan limitando de manera sistemática los derechos humanos de los habitantes” en la isla.
A lo anterior, agrega el estudio, “se suma el incremento en las represiones severas y restricciones a defensores y defensoras de derechos humanos y personas disidentes, además de la discriminación y violencia contra personas LGTBI (lesbianas, gais, transgénero, bisexuales e intersexuales) y la exclusión de la población afrodescendiente, que está subrepresentada en altos cargos del Estado”.
República Dominicana entró a la “lista negra” por “la persistencia de la discriminación racial estructural contra personas de ascendencia haitiana, o percibidas como tales”, lo cual ha impactado particularmente en “el reconocimiento de la nacionalidad, deportaciones, expulsiones, operativos migratorios y expulsiones colectivas”.
Para la Comisión, esto muestra “los graves desafíos que enfrenta el Estado dominicano en materia de discriminación racial”.
