A partir de este lunes, los precios topados para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en Cuba debían ser una realidad. Sin embargo, las administraciones locales han retrocedido después de publicar los nuevos precios rebajados para seis productos de primera necesidad.
Los artículos que desde el 1 de julio tendrían un precio “concertado”, según la nueva terminología oficial, eran el pollo, las salchichas, el aceite, las pastas alimenticias, la leche en polvo y el detergente en polvo. Los precios eran iguales en los tres listados, salvo el del litro de aceite, que en Plaza de la Revolución se fija en 990 pesos y en Pinar del Río en 900, y el paquete de medio kilogramo de pastas alimenticias, fijado en 415 pesos en La Habana y en 350 en Pinar del Río.
El kilo de pollo troceado no podría pasar de 680 pesos (la libra se fija en 310 y la caja de 20 kilogramos en 13,600); el kilo de leche en polvo tendría un precio máximo de 1,675 pesos (los 500 gramos están en 840); el kilo de salchichas se fijaría en 1,045 pesos (500 gramos a 530 pesos y 340 gramos a 350); el kilo de pastas alimenticias en 835, y el de detergente en polvo en 630.
Estas cifras coincidían con las proporcionadas por una fuente oficial desconocida a través de un audio que se difundió rápidamente en la Isla este fin de semana. Sin embargo, en una visita este lunes a una Mipyme de Plaza de la Revolución, no tenían conocimiento de los nuevos precios establecidos por el Gobierno. Las 10 libras de muslos de pollo estaban a 4,000 pesos y el kilo de pechuga troceada a 2,300, muy lejos de los 1,675 establecidos.
Aunque las autoridades de Centro Habana no habían comunicado una lista de precios máximos, la diferencia entre los indicados para otros municipios y los de los privados del barrio era notable. En San Lázaro, un comercio vendía las 10 libras de pollo a 4,000, y el kilogramo de pechuga troceada a 1,750 pesos, más del doble de lo establecido en Plaza de la Revolución. En Infanta, el pollo estaba aún más caro: 4,500 las 10 libras.
Los precios “concertados” eran parte de las nuevas medidas anunciadas por el Ministerio de Finanzas y Precios el pasado 27 de junio en una resolución publicada en la Gaceta Oficial. Este texto no especificaba costos, pero sí que “las entidades estatales, en el proceso de contratación económica con las formas de gestión no estatal, para la adquisición de bienes y servicios” acordarían “precios y tarifas cuya tasa de utilidad máxima no exceda del treinta por ciento (30%) sobre el total de los costos y gastos”.
La norma dejaba en manos de los consejos provinciales y municipales la facultad de aprobar las tarifas máximas “de los bienes y servicios que seleccionen”, teniendo en cuenta las “particularidades de cada territorio”. Desde entonces, los rumores, la confusión y la improvisación han sido la tónica en la Isla.
“¿Qué se sabe? Solo que han estado evaluando precios a productos de primera necesidad y que se han realizado algunos encuentros con actores económicos privados (trabajadores por cuenta propia y representantes de micro, pequeñas y medianas empresas). Más allá de ello solo existe especulación y presiones, solapadas y explícitas. Nada claro. ¿Por qué? Porque la comunicación no es parte, como debiera, de la gestión de gobierno local, para exponer, explicar, adelantarse a los hechos, erradicar esas especulaciones y presiones”, lamentaba este domingo el periodista oficialista de Las Tunas Yaidel Miguel Rodríguez Castro.
Este mismo lunes, el Consejo de Administración Provincial de Boyeros advertía en sus redes de que hoy entran en vigor “los nuevos precios concertados” –sin precisarlos– y dejaba varios números de teléfono “para denunciar violaciones de los precios establecidos”. Sin embargo, en una llamada realizada por este diario, ninguno de los dos funcionarios que respondieron –uno de ellos identificado como “especialista”– tenía noticia de ninguna lista de costos.
Mientras tanto, en grupos vecinales ya han puesto el grito en el cielo. “Veo que hay productos que bajan unos cuantos pesos, otros no bajan nada y otros incluso suben. Esto es la legalización del abuso”, denunciaba un residente de Plaza de la Revolución. “Creo que esos precios los puso uno que es dueño de una Mipyme, porque no se nota que vayan a perder ellos ni que los clientes vayamos a ganar”, secundaba otro comentario.
Un usuario se quejaba: “Yo puedo entender que el pollo congelado, que es importado, esté a ese precio, pero que el mango esté a 50 pesos la libra no me cabe en la cabeza. El mango es de aquí y esta es la temporada que las matas paren, una locura ponerle ese precio”. Para un cuarto vecino, “si el Estado está poniendo la malanga a 150 la libra es porque ya fue derrotado, tuvo que aceptar que un jubilado como yo no se puede comer un puré de malanga”.
La medida no solamente parecía ajena a la mayoría de cubanos, que cobran un salario en pesos y no tienen acceso al dólar, sino que demostraba una total inconsciencia del mercado. Los empresarios no podrían vender los productos importados por menos de lo que les cuesta, a menos que perdieran dinero.
Los habitantes de Plaza de la Revolución también dudaban de cómo se iba a supervisar la medida: “¿Quién va a velar porque esto se cumpla? ¿Otro cuerpo de inspectores? ¿Más gente a la que pagarle un salario? Nos va a salir todo más caro como país”.
En el audio anónimo de este fin de semana, la voz oficial aseguraba que “grupos de enfrentamiento van a ir a cada uno de los lugares” privados, y al que no tuviera los precios correctos “va a salir por todos los medios de difusión masiva”. Lo primero que se le haría al comercio es, según la misma fuente, “un llamado de atención con multas” y “posteriormente, se va a hacer venta forzosa de estos productos o decomisos de ellos para podérseles dar a las instituciones sociales que necesitan también estos productos”.
Además, anunciaba que a las Mipymes se les exoneraría del pago de aranceles para los productos topados, si bien parecía más una confusión con la prórroga, hasta el 30 de septiembre, de la importación libre por particulares y sin fines comerciales de alimentos, útiles de aseo y medicamentos.
El mismo funcionario también reconocía que “estos productos, con estos topes, no es que vayan a resolver el problema de la población, porque al final siguen siendo caros, no son asequibles a la mayoría”, pero que se tomaba la medida “para evitar que sigan subiendo de precio”.
La resolución del jueves fue duramente criticada por economistas como Pedro Monreal, quien señaló que su impacto, aun creyendo que funcionara, sería más que limitado. Las ventas minoristas del sector privado suponen apenas el 4.1% de las del país en su conjunto, indicó el especialista, y aunque no se conoce qué parte de ellas van a parar al sector estatal, el porcentaje es nimio como para tener algún tipo de consecuencia significativa.
“Además de que no parece ser muy grande la base de ‘ahorro’ de gastos estatales por la vía de limitar la tasa de ganancia de las ventas no estatales adquiridas por entidades estatales, la experiencia indica que los ‘topes de precios’ no son efectivos para reducir la inflación”, aseveró el experto. El economista cubano insistía en que la vía para la contención de la inflación, que no ha parado de crecer de manera exponencial desde la entrada en vigor de la llamada Tarea Ordenamiento (2021), es la reducción de gastos.
