El régimen cubano ha anunciado que topará temporalmente los precios de seis productos básicos esenciales en la alimentación de los cubanos: pollo, aceite, pastas, leche en polvo, detergente y salchichas. Esta medida fue adelantada por la ministra de Finanzas, Lourdes Rodríguez, durante una reciente reunión con representantes de Mipymes y de la Dirección General de Importación del Ministerio de Comercio Exterior. Los emprendedores fueron seleccionados a través de la Administración Tributaria. “Era la manera de llegar a cada uno de ustedes”, explicó Rodríguez.
En dicha conversación, la ministra anunció que el precio minorista de “seis renglones” será limitado. Estos productos fueron seleccionados a través de una encuesta, en la que el picadillo quedó casi seleccionado, pero fue descartado debido a las grandes diferencias de precios entre sus diferentes orígenes. Finalmente, se eligieron las salchichas.
El nuevo esquema de precios establecerá que el pollo (paquete de muslos y contramuslos) se venderá a un máximo de 680 pesos el kilogramo (310 pesos la libra); la leche en polvo se comercializará a un máximo de 1.675 pesos el kilogramo; las pastas (espaguetis, etc.) a 835 pesos el kilogramo; las salchichas a 1.045 pesos el kilogramo; el detergente en polvo a 630 pesos el kilogramo y el aceite de soja a 990 pesos el kilogramo. Rodríguez aclaró que estos precios “se harán públicos previo a su aplicación”.
La ministra aseguró que estos precios se definieron tras analizar los costos de importación declarados por importadores privados en el segundo semestre de 2023 y el primer trimestre de 2024. Este punto fue polémico para los representantes de las pequeñas y medianas empresas, quienes argumentaron que, en un contexto internacional inestable con precios fluctuantes, es difícil ajustarse a las propuestas del Gobierno, aunque algunos verbalizaron su predisposición a hacerlo pensando en la población. No obstante, mencionaron tres problemas estructurales de la economía cubana: la distorsión de la tasa de cambio, la presión fiscal sobre las Mipymes y la escasez de combustible que dificulta el transporte de mercancías dentro de la Isla e incluso para sacar los contenedores del Puerto del Mariel.
Rodríguez justificó que estos topes de precios, aunque no son nuevos en la Isla, se aprueban ahora para contener el ritmo de crecimiento de los precios de la economía. Aclaró que se trata de una medida temporal y que la política de precios en el país camina hacia lo que ella denomina “descentralización de precios”, es decir, permitir que los precios se regulen solos según la oferta y la demanda.
La medida se adopta en teoría para contener también la inflación, que cerró el mes de mayo en Cuba en el 31%, casi 10 veces por encima del 2,6% registrado en Europa y Estados Unidos en el mismo mes. Para justificar que productos como el aceite, lejos de bajar de precio con los topes, se vendan más caros, la ministra explicó que esto se debe a que actualmente “se pueden estar arrastrando existencias que se adquirieron en determinado momento a precios más bajos”.
Rodríguez admitió que es difícil vender los productos al mismo precio topado en toda la Isla, independientemente del costo del transporte (no es lo mismo llevar mercancía desde La Habana a Guantánamo que distribuirla en la capital). Sin embargo, señaló que este problema no tiene una solución “para el día de mañana”.
En la reunión también se reconoció que hay escasez de productos como el pollo, el aceite y la leche en polvo, que a día de hoy “no se pueden encontrar en la Isla”. A los emprendedores cubanos les preocupa el tema del transporte, el pago del IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido), y también quisieron saber si las tiendas en MLC (Moneda Libremente Convertible) seguirán compitiendo con ellos, poniendo precios más caros, como sucede con muchos productos en la actualidad.
Al inicio del encuentro, la ministra de Finanzas se refirió a la nueva resolución que impone que las Mipymes proveedoras de empresas estatales no pueden ganar más de un 30% en el intercambio comercial que mantienen. Esta norma, ya publicada por la Gaceta Oficial, establece, en la jerga oficialista, la utilidad máxima del 30% en la contratación económica de las entidades estatales con las formas de gestión no estatal.
El Gobierno no presenta esto como una limitación para las Mipymes, sino para las empresas estatales. “No se restringe el ingreso a entidades no estatales, sino el gasto de las estatales”, dijo la ministra de Finanzas, asegurando que en 2023 las empresas estatales pagaron 10.000 millones de pesos a las Mipymes y hasta mayo esa cifra rondaba ya los 4.000 millones de pesos. De continuar esta tendencia, el Estado cerraría el año con 12.000 millones de pesos en compras al sector privado.
Esta norma que limita las ganancias de las Mipymes al 30% entra en vigor este 1 de julio, lo que añade un nuevo reto a los emprendedores en un entorno económico ya de por sí complicado.
