Un cubano residente en Estados Unidos fue condenado a 50 años de prisión por liderar una red de robo de combustible en nueve condados de Texas. Duniesky González, de 37 años y residente en Dallas, fue acusado de organizar un esquema destinado al robo masivo de diésel en estaciones de servicio.
González y sus cómplices alteraban las bombas de combustible utilizando información fraudulenta de tarjetas de crédito, lo que les permitía reducir drásticamente el precio del combustible bombeado y sustraer miles de dólares. Los delitos ocurrieron en 2022, y González fue arrestado el 27 de enero de 2023.
El juicio se llevó a cabo en abril, y aunque González se declaró culpable, no admitió su culpabilidad, afirmando: “No soy culpable, pero solo quiero terminar con esto”. Tras la vista, presentó una declaración de culpabilidad abierta.
El martes pasado, un juez lo sentenció a 50 años de prisión con derecho a apelación después de que fue declarado culpable de participar en actividades delictivas organizadas. Durante la audiencia, el fiscal estatal argumentó que “una cadena perpetua no es irrazonable” y que debería haber un “mínimo de 50 años”. La defensa, sin embargo, sostuvo que si alguien hubiera resultado herido por los delitos, una sentencia tan larga estaría justificada, pero este no era el caso. El fiscal replicó que la pérdida financiera también puede dañar a las personas.
Además de González, fueron acusados Ramón Pérez-Torres, de 31 años, de Mesquite, Nevada, y Camila Cruz Concepción, de 26 años, de Dallas, quienes también están en prisión y serán juzgados el próximo 23 de julio.
La red criminal de la que González formaba parte se especializaba en manipular las bombas de combustible para robar diésel. Este tipo de crimen ha sido una preocupación creciente para las autoridades, ya que no solo implica un significativo impacto financiero, sino que también puede tener repercusiones en la seguridad de las estaciones de servicio y sus alrededores.
El método utilizado por la red incluía el uso de dispositivos tecnológicos avanzados para alterar las bombas y hacer que el combustible se vendiera a precios mucho más bajos de lo normal. Este modus operandi permitía que los miembros de la red obtuvieran grandes cantidades de diésel a un costo ínfimo, que luego podían revender a un precio más alto, generando así ganancias sustanciales.
El caso de González ha resaltado la necesidad de mejorar las medidas de seguridad en las estaciones de servicio para prevenir este tipo de delitos. Las autoridades locales y estatales han comenzado a implementar estrategias más robustas para monitorear y proteger las bombas de combustible contra manipulaciones fraudulentas.
La sentencia de 50 años de prisión para González refleja la severidad con la que el sistema judicial estadounidense trata los crímenes de esta naturaleza. El juez encargado del caso subrayó la gravedad de las acciones de González y sus cómplices, y la necesidad de imponer una pena que sirva como disuasión para futuros delitos similares.
La audiencia de sentencia fue tensa, con el fiscal presentando un caso sólido sobre el impacto económico del crimen. “La pérdida financiera puede dañar a las personas”, destacó el fiscal, argumentando que los delitos de González no solo afectaron a las compañías de combustible, sino también a los consumidores y a la economía local en general.
La defensa de González intentó minimizar la severidad de la sentencia, argumentando que no hubo daños físicos a personas. Sin embargo, el juez estuvo de acuerdo con la perspectiva del fiscal de que los crímenes financieros pueden tener consecuencias graves y de largo alcance, justificando así la dura pena impuesta.
